En el año 2010, el Perú tuvo que importar alrededor de 17 mil toneladas de azúcar provenientes de Brasil y Guatemala, con la finalidad de reducir su precio al consumidor final. Lamentablemente, tanto el Legislativo como el Ejecutivo siguen debatiendo sobre la vigencia de la Ley de Protección Patrimonial para las empresas azucareras (Grupo Oviedo, Pomalca y Tumán). Esta norma impide la competitividad de esta actividad porque impide el embargo, como medio de cobranza coactiva, de los bienes de estas empresas que en 10 años no cumplen sus obligaciones con proveedores, SUNAT y trabajadores.
¿Cuál es el motivo?
El Estado, por ignorancia de sus administradores, protege el impago de estas deudas por temor de perder ingresos ya que posee el 30% de las acciones en esta actividad comercial. Por tal motivo, los privados que están interesados en prolongar la vigencia de la ley, aprovechan esta situación y presiona al Legislativo para que mantenga este régimen patrimonial ¿Cuál será el interés de los legisladores que están a favor de este pésimo continuismo empresarial?
¿Cuál es la solución?
Tal como lo expresan diversas autoridades del Ejecutivo, derogar la ley, vender las acciones del Estado mediante procedimiento establecido por PROINVERSIÓN para captar capitales especializados y acordar con los acreedores sobre la viabilidad de esta actividad a fin de prevenir la liquidación de las empresas.
