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martes, 9 de agosto de 2011

UN BUEN CHILENO CON UN BUEN PERUANO: EL SENTIMIENTO NO SE RELACIONA CON EL SISTEMA.

Análisis Coyuntural.

En el año 2006, interpuso demanda ante el Tribunal de La Haya ante la negativa de Chile para la suscripción de un tratado de límites marítimos. Este acto se puede interpretarse como desconocimiento de los diversos acuerdos suscritos entre ambos países, por ejemplo el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de fecha 04 de diciembre de 1954 en la ciudad de Lima, por tal motivo, es preocupante la posición peruana en irrumpir los mismos tratados aceptados bajo ninguna presión de terceros.

Por otro lado, las declaraciones unilaterales de diversos presidentes y de las resoluciones judiciales en materia de legislación marítima reconocieron en distintas oportunidades que el Estado del Perú no tiene ningún problema limítrofe con sus países vecinos.

En el año 2010, firma convenio internacional de usufructo con Bolivia, para que el país altiplánico tenga las facilidades de acceso al mar por la ciudad de Ilo. Del mismo modo, en este acuerdo el Perú faculta a Bolivia la construcción de instalaciones militares.

Sin embargo, se deben analizar todas las opciones posibles primando los intereses chilenos con el análisis de los costos y beneficios de la ruta de transporte hacia los puertos chilenos. En este sentido, opciones como el usufructo de rutas o la concesión de infraestructura podrían ser factibles para conciliar los intereses marítimos de Bolivia, sin alterar la soberanía chilena ni los intereses políticos del Perú frente a este pedido.

Panorama económico.

Encontramos al Perú con el 8% de PBI, esto se debe a la intensa entrada de capitales extranjeros para la inversión en proyectos como la minería, infraestructura (principalmente carreteras, aeropuertos y puertos marítimos y fluviales) y en menor medida hidrocarburos. Del mismo modo, el comercio internacional aportó bastante a la economía peruana siendo la principal industria los productos agrícolas y la exportación de minerales. El consumo subió aproximadamente al 8% en los últimos 5 años, esto se debe al incremento real de la capacidad adquisitiva del peruano y al mejor acceso de los productos y servicios en el mercado.

¿Cuál es el problema del Perú?

La ausencia de la Decisión Política que defina las estrategias del país en los futuros
años. En el gobierno de Alan García, se percibió una política estatal mercantilista
promovida por el partido político en todos los sectores.

Así tenemos, por ejemplo, el gasto público en los campos de la Salud y Educación se basó principalmente en la construcción y/o remodelación de sus infraestructuras sin tener un plan a futuro de gestión de las mismas. Se determinó la carrera pública magisterial en la cual se da relevancia a la capacidad profesional de los maestros, sin embargo, no se siguió ese ejemplo para los profesionales en el sector Salud. Del mismo modo, la prevención de enfermedades, planificación familiar y alimentación básica fueron los pilares más bajos de la política peruana.

Asimismo, no existe una conciliación en las políticas sectoriales respecto al sistema de privatizaciones en lo que respecta a infraestructura y servicios públicos. La sociedad percibe que todas las adjudicaciones se realizan bajo procedimientos irregulares y condiciones técnicas inviables. Por ejemplo, en la política de privatización portuaria no se tiene claro cuáles son los objetivos financieros y fines económicos para el sector comercial, solamente la consideran como si fuese la reconstrucción de un inmueble y la chance de operarlo con calidad.

El contexto de las privatizaciones, es lamentable porque persisten en criterios de Modernización de los activos confundiendo con los intereses personales y/o políticos perseguidos por los funcionarios que se encuentran en el gobierno de turno. En otras palabras, no pueden orientar este esquema bajo la solución de las siguientes interrogantes ¿Qué es lo quiere el Estado? ¿Este proyecto con cual otro sector guarda relación? ¿Este proyecto persigue los fines de desarrollo del país?

Paralelamente, las políticas comerciales del Perú parecen distorsionadas. Por un lado, tenemos la eficiente negociación en los tratados internacionales de libre comercio (TLC), pero dejando de lado las consecuencias que se puede generar con sus efectos.

Es decir, un TLC guarda relación con la capacidad de carga y descarga que tiene un país, a mayor eficiencia en este servicio los costos de transacción de los usuarios se disminuyen y dará como resultado la preferencia comercial frente a otros países. Del mismo modo, existe la duda sobre la viabilidad de la industria del país sin definirse en cuál de todas podemos ser competitivos y cuál debemos tener preferencia para la importación.

Relaciones Chile con el Perú.

Ante este panorama peruano, Chile debe preguntarse si parte de su estrategia en la política exterior debe ser más inclusiva y compartir su modelo organizacional a otros países con la finalidad de conseguir el más ansiado objetivo, ser el país armónico en América Latina.

Actualmente, se percibe que el modelo chileno es el procedimiento a seguir en América Latina. Esto se debe a la estabilidad institucional, a los procesos democráticos, perfil exportador, búsqueda de alianzas comerciales, entre otros.

Por tales consideraciones, los objetivos chilenos en la región deben demostrarse con sus pares, el ejemplo de ser un país preocupado por el desarrollo institucional de sus vecinos sería mundialmente reconocido.

El modelo integracionista de Alemania y Francia para los países miembros de la Comunidad Europea, es el ejemplo a seguir en América del Sur y todo parece indicar que tanto Perú como Chile deben ser los protagonistas de la integración regional.

¿Cómo se puede lograr el protagonismo en la región?

Chile debe empezar su acercamiento de integración mediante la cooperación técnica para el desarrollo institucional en América del Sur. La duda es, por dónde empezar, y todo apunta al Perú.

¿Por qué iniciar el proceso de integración con el Perú?

Porque el modelo de crecimiento en el Perú es el siguiente: Para el desarrollo de las ciudades en el país, es importante que cada localidad cuente con un mega proyecto –de infraestructura, o de servicios, o de explotación de recursos naturales- para generar el desarrollo de las demás actividades comerciales. Es decir, la historia de las provincias peruanas fue lamentable, tras la guerra en contra del terrorismo comunista, el estado peruano se vio con la necesidad de impulsar el desarrollo económico de las ciudades peruanas. Por ejemplo, en la ciudad de Cajamarca opera uno de los proyectos más importantes de la minería peruana, la mina de Yanacocha, desde el 2001, año que empezó sus operaciones, hasta la actualidad el PIB per cápita es de S/. 4,500.00 Nuevos Soles, incrementándose la capacidad adquisitiva de los pobladores de Cajamarca.

En este sentido, las consecuencias económicas de estos proyectos son favorables porque no solamente aporta como ingreso fiscal para las arcas estatales sino que fomenta a la inversión de negocios secundarios como los retails, centros de entretenimientos, restaurantes, modernización inmobiliaria y turismo.

Finalmente, el capital chileno puede no solamente invertir en las actividades comerciales, sino que podrá ofrecer servicios de emprendimiento empresarial y/o crecimiento industrial; por otro lado, podrá ser el artífice en proyectos de cooperación en diversas localidades y de esta manera, implementar el modelo “integracionista” de desarrollo económico-social porque no solamente ayudará al crecimiento comercial y social sino que encontrará la unión con el Perú, ganarse al país como socio y en bloque depurar el pensamiento autoritario de algunos países de la región para estar a la altura de los países europeos o asiáticos. La mejor inversión es la competitividad de nuestros pares y las ganancias del inversionista, es trasladar su identidad a otros.

viernes, 15 de julio de 2011

DETALLES EN LAS PRIVATIZACIONES

La concepción clásica de los servicios públicos los identifica como de titularidad estatal, esto es, que el Estado mediante un procedimiento legislativo, reserva para sí la titularidad de determinadas actividades económicas en atención a su vital importancia para la vida en colectividad.

La promoción de la inversión privada en los servicios públicos es una tarea esencial del Estado en los últimos tiempos, debido al déficit en infraestructura básica del país.

La infraestructura se define como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales.

La cantidad y calidad de infraestructura tiene un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico de largo plazo. En este sentido, genera mayores ingresos y bienestar de los pobres porque permite que la población tenga acceso a nuevos mercados, además reduce los costos de transacción e incrementa el valor de sus activos.

La brecha total de infraestructura al 2008 asciende a US$ 37,760 millones, lo que representa aproximadamente el 30% del PBI. Una de las razones por las cuales nos encontramos bastante atrasados en algunos sectores es que, por largos años se tuvo la política de considerar que era el Estado el encargado de invertir en infraestructura.

Marco legal de privatizaciones.
Por tales motivos, el Estado promulgó diversas normas para concretar sus planes de privatizaciones en sus activos, con la finalidad de repotenciarlos y así brindar mejores servicios a la población.

Sin embargo, es necesario precisar la naturaleza jurídica de los contratos que realiza el Estado con los privados porque por un lado el proceso para adjudicar un proyecto se rige bajo las reglas del Derecho Administrativo pero el ámbito jurídico de la formación de sus acuerdos se bajo las reglas de la legislación privada.

El Decreto Legislativo N° 839 señala que la modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión. Determinándose la modalidad bajo la cual se entregará la misma: Licitación Pública Especial o la de Concurso de Proyectos Integrales.

Del mismo modo, contamos con el Decreto Supremo N° 060-96-PCM, norma legal que define el contrato de Concesión y el procedimiento por el cual se da el otorgamiento del mismo.

Complementando lo anterior, tenemos el Decreto Legislativo N° 1012, instrumento jurídico que promociona la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura y de servicios públicos siguiendo los procedimientos correspondientes para que el Estado aporte y/o garantice el financiamiento.

Finalmente, toda esta variedad de normas jurídicas nos lleva a determinar las relaciones contractuales entre el Estado y el privado, y su grado de participación de cada uno en el financiamiento.

Sin embargo, existen problemas técnicos y jurídicos sobre la brecha entre los contratos de Obras Públicas y los contratos de Concesión de Obras Públicas o cuáles son los parámetros técnicos pertinentes que determinan el interés público sobre el diseño de los proyectos de infraestructura o por qué no darle mayor atención al lado financiero de los proyectos. Todas estas irregularidades legislativas son consecuencia de una razón, la ineficiencia del Estado en el diseño técnico del proyecto, en su finalidad y sus objetivos. 

miércoles, 19 de enero de 2011

AZÚCARRRRR!

En el año 2010, el Perú tuvo que importar alrededor de 17 mil toneladas de azúcar provenientes de Brasil y Guatemala, con la finalidad de reducir su precio al consumidor final. Lamentablemente, tanto el Legislativo como el Ejecutivo siguen debatiendo sobre la vigencia de la Ley de Protección Patrimonial para las empresas azucareras (Grupo Oviedo, Pomalca y Tumán).  Esta norma impide la competitividad de esta actividad porque impide el embargo, como medio de cobranza coactiva, de los bienes de estas empresas que en 10 años no cumplen sus obligaciones con proveedores, SUNAT y trabajadores.

¿Cuál es el motivo?
El Estado, por ignorancia de sus administradores, protege el impago de estas deudas por temor de perder ingresos ya que posee el 30% de las acciones en esta actividad comercial. Por tal motivo, los privados que están interesados en prolongar la vigencia de la ley, aprovechan esta situación y presiona al Legislativo para que mantenga este régimen patrimonial ¿Cuál será el interés de los legisladores que están a favor de este pésimo continuismo empresarial?

¿Cuál es la solución?
Tal como lo expresan diversas autoridades del Ejecutivo, derogar la ley, vender las acciones del Estado mediante procedimiento establecido por PROINVERSIÓN para captar capitales especializados y acordar con los acreedores sobre la viabilidad de esta actividad a fin de prevenir la liquidación de las empresas.