LUCIANA LEÓN Y LA PROMOCIÓN DEL CINE

Agradezco a la congresista Luciana León, por compartir en el blog, sus fundamentos técnicos-jurídicos que respaldan la creación de la Ley Procine.

La "contribución parafiscal" es un ingreso que obtiene el Estado aparte del sistema tributario, por ejemplo el FONAVI ¿Por qué no crearlo para el Fondo de CONACINE?

Luciana León: Crear una "contribución parafiscal", quedó demostrada el último martes (en la sesión de la Comisión de Educación) la inconstitucionalidad de esta fórmula legal, ya que dicha contribución parafiscal es un tributo y el segundo párrafo del artículo 79º de la Constitución prohibe al Congreso crear tributos con fines predeterminados.

Con la creación de la Ley de Mecenazgo Cultural ¿No habría una duplicidad de normas ya que crear esta ley persigue la misma finalidad que la otra? Por ejemplo, una empresa invierte en la producción del cine nacional y se acoge a la Ley de Mecenazgo para reducción del importe del IR y adicionalmente tiene que pagar al Fondo de CONACINE, no tendría funcionalidad una de las dos leyes.

Luciana León: Con relación a la supuesta duplicidad de Leyes, esto tampoco es cierto.

El mecenazgo es para que un tercero se constituya en calidad de donante para financiar recursos a favor de un proyecto cultural.

En cambio, en la Ley Procine son los distribuidores y exhibidores -únicamente- quienes pueden aportar el 3.33% del valor de cada entrada para el denominado Fondo Procine, previa firma de un Convenio en el que también intervendrá el Ministerio de Cultura.

El Estado cuenta con el Ministerio de Cultura y de Educación, y propones otra entidad para que solamente vele los intereses de la Ley Procine ¿Será mejor designar a un funcionario de cualquiera de los ministerios que tenemos para esta actividad?

Luciana León: Sobre la burocracia a que haces referencia, es conveniente precisar que el órgano oficial de representar los intereses de la cinematografía nacional es, y seguirá siendo, el CONACINE. Antes, el CONACINE era un órgano desconcertado del Ministerio de Educación y, ahora, es un órgano desconcertado del Ministerio de Cultura.

Consiguientemente, no se están creando entidades nuevas; ya que los intereses del cine seguirán siendo velados por el CONACINE.

Está reduciendo la política fiscal para favorecer al sector cultural y específicamente al Cine. Es decir, habrán más soles en el mercado pudiéndose incrementar los precios y esto generaría un impacto negativo a la política monetaria.

Luciana León:  Al probable impacto negativo en la economía y la subida de precios generalizada por la reducción de la política fiscal, creo que se parte de una premisa equivocada.


No se está reduciendo la política fiscal al reducir la tasa del Impuesto de Promoción Municipal al 0%, ya que esto generará externalidades positivas en otras actividades que, a su vez, implicará mayor recaudación tributaria.

Un ejemplo de esto lo constituye la Ley de Espectáculos Públicos no Deportivos que, al reducir la tasa del impuesto al 0% permite la realización de megaconciertos y, con ellos, mayor comercio, una industria del espectáculo, mayor empleo, mayor recaudación en IGV e Impuesto a la Renta. etc.

NO ES JUSTO, BLAWYER

Un artículo publicado (http://www.blawyer.org/2010/12/09/petroaudios-tribunal-constitucional-quimper-censura/)  en la página web de Blawyer.org critica la resolución que declaró improcedente el Hábeas Corpus presentado por Alberto Quimper (Caso Petroaudios):

"El novísimo delito de la difusión de comunicaciones telefónicas privadas. El tema más polémico –aunque no el central en la Resolución, ni mucho menos declarado precedente de observancia obligatoria– es cuando el TC señala que los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas. Sobre esta regla, añade que podría darse si es que los involucrados lo autorizan o si media “un mandamiento judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente.” Hay dos problemas con esta afirmación:

No sé qué Código Penal estará leyendo el Tribunal Constitucional, pero en el peruano no existe el tipo penal de difusión de conversaciones telefónicas a través de medios de comunicación social. Tanto así que hasta hay un Proyecto de Ley reciente que propone incluirlo. El TC no puede, por propia iniciativa, agregar un tipo penal al Código, ni un fiscal podría formular denuncia penal amparándose exclusivamente en un fragmento de una Sentencia del Tribunal Constitucional que “crea” un delito."

OTRO PUNTO DE VISTA

Si uno analiza la resolución taxativamente, el TC viola el principio de legalidad. Sin embargo, la resolución desarrolla una forma de conducta al tipo penal de la “interferencia” o “escuchar” no solamente es perjudicar el servicio del usuario u oír conversaciones ajenas sino la conducta se masifica mediante la difusión que solamente es la extensión de las conductas tipificadas. Además, son derechos reconocidos en los tratados internacionales y en nuestra Constitución.

Para precisar, la difusión de una conversación privada configura el delito de Violación a la Intimidad (art. 154 del Código Penal).

La Justicia sin Derecho, no es Justicia.

LA INTEGRACIÓN PORTUARIA NACIONAL

¿Qué sucede?

En el Perú, no existe una Política de Desarrollo Sostenible que defina cuáles son los parámetros y límites generales para las actividades comerciales que generen impactos en el medio ambiente por cada región. En este sentido, la única política estatal es la concertación de todas las partes involucradas en estos proyectos de inversión y cumplir la legislación ambiental. Surgen diversas interrogantes, por ejemplo ¿La normativa señala hasta donde puede resistir cada región del país los impactos ambientales generados por estas inversiones? ¿Cuántas inversiones de explotación de nuestros recursos naturales se pueden ejecutar en cada región del Perú?

 

¡La estrategia portuaria debe ser integradora!

 

Actualmente el Estado cumple una función mercantilista sobre las concesiones portuarias, solamente entrega las concesiones a varios privados y que ellos, mediante planeamientos comerciales, capten sus clientes. Por tal motivo, es necesario diseñar una estrategia integradora de todos los operadores portuarios para formar un megapuerto geo-comercial, que la competencia no sea entre ellos sino juntos como país seamos la preferencia portuaria en la región del Pacífico Sur.

EL CAPITALISMO POPULAR

La sociedad enfrenta restricciones que limitan sus capacidades (acceso a la educación, salud y mercado laboral), lo que resulta en bajos niveles de logro de bienestar.

Debemos tomar la iniciativa de encontrar alternativas para superar los niveles de la extrema pobreza. No nos mal acostumbremos a victimizarnos y sacar provecho de nuestras condiciones para que el Estado nos den las cosas gratis. Adicionalmente, todo lo que es gratis no es cualitativo y existe la tendencia de desarrollar proyectos sociales por populismo político. Por otro lado, evitemos el monopolio de las ONGs sobre el manejo de estos problemas porque existen indicios que manipulan la ideosincrasia del pueblo para cumplir sus propios objetivos.

Es nuestro deber como ciudadanos peruanos de impulsar el desarrollo del país y no esperar que el Estado solucione todos nuestros problemas. Este problema se soluciona con la participación de todos.

¿Cómo superamos el problema?

Mediante el gasto público que puede ser deficiente por falta de ingresos que financien los proyectos o ausencia de técnicos especializados de cada problema. Paralelamente, se puede implementar el Programa de inversión privado-social como soporte a la inversión del Estado, que es la inversión de personas en el comercio de proyectos sociales con la condición de retribuirles el capital atribuido. Es decir, un grupo de personas aportan con S/. 30,000 y que en 10 años sea devuelto el mismo capital con intereses de ganancias o beneficios económicos. Cabe señalar, como la naturaleza de esta inversión es lucrativa pero que persigue fines sociales, lo único que importa es la devolución del íntegro del capital y los intereses de utilidades o beneficios económicos sean mínimos diferenciándolo con los negocios comerciales.

Es importante la participación del Estado en este programa, ya que el regulará esta actividad.
Para no abarcar mucho y evitar aburrirlos sobre el tema, sintetizo las fases que debe seguir este Programa:
1) Programas de inversión privado-social especificados por el Estado y por el privado.
2) Proyecto detallado y especializado de desarrollo económico-social realizado por el privado.
3) Inversión del programa y proyecto por el privado.
4) Circulación del proyecto por el privado.
5) Resultados del programa.
6) Reparto de utilidades o reinversión decidido por el privado siguiendo las normas regulatorias de esta activididad.

¿Quiénes están involucrados?
1) El Estado como ente regulador y promotor de esta actividad.
2) Fondo Privado de Inversión Social, que es una persona jurídica con fines de lucro (siguiendo el modelo de la Ley General de Sociedades) que administra el capital de inversión y ejecuta los proyectos sociales. Debe ser de derecho privado o con mínima participación del Estado en sus decisiones para que el funcionamiento sea eficiente.
3) Inversionistas: Personas naturales o jurídicas aportantes de capital.
4) Beneficiarios: Poblaciones privadas de estas necesidades básicas debidamente identificadas. Pagarán en cierto plazo el capital invertido, tomando en consideración sus ingresos.

Atención: Este programa debe ejecutarse junto con la promoción de empleos estacionarios e implementación de programas de educación para que superen sus condiciones socio-económicas. Cultivar valores como la planificación familiar, la cultura del ahorro y a la competencia social (porque todo no es gratis).

LA ESTRATEGIA JUVENIL

"Es casi seguro que todos los jóvenes, sobre todo los participantes en la política, sienten el cambio en sus almas".

Participé en un foro de jóvenes que postulan a regidores municipales. En el evento me di cuenta que la política no se encuentra solamente polarizada por los partidos políticos, sino también por las asociaciones (integradas por jóvenes políticos) y creo que es bueno porque cada vez nos demuestra que los medios de la ciencia política deben ser organizados y en algún futuro profesionalizado. Esta experiencia me significó bastante, porque el agente político debe prestar un servicio al desarrollo.

El presente artículo no analiza directamente los alcances de las leyes 28869 y 29470 que exigen a los partidos políticos tener miembros jóvenes en sus listas. Es importante esta observación respecto al mandato de las normas porque la mayoría de los partidos políticos tienen deficiencias en sus bases juveniles y prácticamente las asociaciones son el semillero de jóvenes políticos que cubre la exigencia electoral.

Considero que todo programa o plan diseñado para los jóvenes debe ser sostenible por una base que fundamenta y sostiene sus implementaciones durante una gestión para la sociedad: La estrategia. Generalmente, la defino como el único medio para armar políticas, programas o planes y también para conseguir resultados; es decir, debemos saber hacia donde vamos, es nuestro mapa que contiene distintas rutas para llegar un destino y solamente el político eligirá el camino para el éxito.

Como una vez lo mencioné (ver en este blog "APUNTES SOBRE LA ESTRATEGIA ESTATAL PERUANA"), es necesario que la base política cuente con la ideología política, la postura económica y sistema de seguridad.

El joven tiene características (virtudes, defectos, pensamientos y actitudes) y un tipo (artista, deportista, profesional operario, profesional investigador, emprendedor, administrador, etc.). Se debe tomar en cuenta lo anterior para la elaboración de la estrategia porque los jovenes podrán compartir ciertas cosas pero al final son únicos.

La Estrategia Juvenil se fundamenta en la realidad de la Juventud, somos un grupo que deseamos que nuestros valores como la justicia, ciudad saludable, respeto mutuo, etc. se materialicen pero generalmente no sabemos quiénes somos o cuáles son nuestros deseos o a cuál grupo integramos porque somos almas rebeldes tentadas a cambiar por sentimientos, temporadas, climas, horas o por impacto de otros.

Estos son los supuestos para la elaboración de la Estrategia Juvenil:

1) Orientación: Responder lo siguiente ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento?

2) Inclusión: El joven, como ser humano, está en constante relación con los demás en la búsqueda de su identidad. La encontrará cuando encuentre un grupo que comparta sus inquietudes y objetivos.

3) Método: Para tener líderes de cambio, empresarios, emprendedores, profesionales, etc. es importante que la Juventud se acostumbre a la sostenibilidad de sus decisiones. Nada sirve estar orientado, pertenecer a un grupo sin cumplir paulatinamente el procedimiento para cumplir un rol.

¿Quién nos brinda estos supuestos? Cualquier grupo organizado como asociaciones, organismos no gubernamentales y talleres de desarrollo promovidas por el Estado. Es el medio que invierte, por lo menos, en ambientes adecuados, materiales y capacitadores (sobre la calidad de este último es relativo dependiendo del grupo) para ejecutar sus programas o planes.

¿Y que tenemos después? Profesionales, artistas, técnicos, emprendedores, empresarios, políticos, deportistas, científicos, etc. Lo importante es la vocación de cada uno, para desenvolverse en los diversos panoramas que ofrece la sociedad. Sin estrategia no habrá vocación y sin vocación no habrá desarrollo.

La fórmula es:

Estrategia = Supuestos (orientación, inclusión y método) + Grupo organizado + Programas.

¡Atención!: Los programas o planes es la ruta de los objetivos, orientados a propósitos establecidos y la estrategia busca su finalidad.

SOBRE EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1097

El Decreto Legislativo Nº 1097 tiene la finalidad de establecer un marco regulatorio uniforme respecto a los delitos que implican violación de derechos humanos previstos en el Código Penal de 1924 y Código Penal de 1991. No es norma material (o de Derecho Penal), es norma procesal. Ergo, el principio de aplicación de norma más favorable al reo no puede ser invocada porque no modifica la estructura del delito (autor, conducta y víctima) ni la cantidad y los fines de la pena. Esta norma es utilizada inmediatamente y no produce efectos retroactivos. 

La CIDH señala que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles, sin embargo la adhesión del Estado Peruano a la CIDH se da bajo una condición que esos criterios son aplicados a los hechos punibles mencionados cometidos desde el año 2003 hacia adelante.

Es decir, se puede aplicar el derecho humano de la prescripción de la acción penal por delitos contra los derechos humanos cometidos con anterioridad a la condición establecida.

Cabe señalar, que a raíz del Decreto Legislativo 1097, existen dos tipos de prescripción en el Derecho Penal: 1) la prescripción de la acción penal del delito y 2) la prescripción por vencimiento de plazo de la persecución del delito. Sobre el primero, la acción penal es el derecho que tiene el Ministerio Público a requerir al Poder Judicial para que este último se pronuncie sobre la existencia probada del hecho ilícito y la culpabilidad del autor. Por otro lado, la prescripción por vencimiento de plazo se da cuando la investigación preparatoria o judicial (etapas del proceso penal regulados en el antiguo o el nuevo Sistema Procesal Penal) no logra recabar la prueba suficiente para probar el hecho y la culpabilidad del autor dentro de los plazos establecidos por ley. 

¿Cuál es el problema?

El artículo 6 del Decreto Legislativo ordena el sobreseimiento del proceso por exceso de plazo de Instrucción (procesos tramitados por el Código de Proced. Penales de 1940 y el Código Proceal Penal 1991) o de la Investigación Preparatoria (procesos tramitados por el CPP de 2004). Es claro que esta norma regula la prescripción de la persecución por vencimiento de plazo.

Esta norma no es aplicable para procesos que se encuentran en la etapa de juzgamiento o juicio oral ni los concluidos por sentencia condenatoria o absolutoria. 

El presente comentario está dirigido al plazo de la Instrucción o investigación judicial (Código de Proced. Penales 1940 y Código Procesal Penal 1991), norma procesal vigente en Lima.

La etapa de Instrucción o investigación judicial es distinta de la etapa de Juzgamiento o juicio oral, porque la finalidad es recabar la prueba pertinente para comprobar la existencia del hecho y la participación del autor. En la etapa de juicio oral, se practica la prueba para condenar o absolver al procesado.

El Código de Proced. Penales 1940 regula que el plazo de la Instrucción es de 4 meses con 2 meses prorrogables y casos complejos 8 meses prorrogables. El plazo para los procesos sumarios es de 2 meses con 30 días prorrogables, en caso de complejidad o por varios delitos se tramitan como ordinarios, siguiendo el Código Procesal Penal 1991. Quiere decir, en el peor de los casos el plazo máximo de la etapa de Instrucción es de 12 meses.   

El problema es el sentido de la resolución cuando vence el plazo de la investigación. Con el Decreto Legislativo Nº 1097, señala que el juez debe sobreseer la causa, sin la opinión del Fiscal. Sin esta ley, el juez deberá trasladar el caso al Fiscal para su opinión: 1) Archivo del proceso (sobreseimiento); o 2) Juicio Oral.

Algunos puntos para reflexionar.
¿Es eficaz contar con un plazo de 12 meses de investigación judicial? ¿Qué pasa cuando el Fiscal, Abogado de la Parte Civil o del Procesado y/o el Poder Judicial irrumpen los derechos del Debido Proceso (debida motivación en las resoluciones, cumplir los procedimientos preestablecidos, el derecho de defensa, juez natural)? ¿Qué pasa si dentro del proceso penal cambian administrativamente la competencia o participación del Juez y/o del Fiscal? ¿Es justo un proceso donde pasan varios jueces o fiscales? ¿Es justo esperar la ineptitud de las partes procesales de recabar la prueba?

PRINCIPIOS CONTRACTUALES DE LA FIFA

El Reglamento de Transferencias de Jugadores de la FIFA impone a las federaciones que protejan la estabilidad contractual, con el debido respeto a las normas nacionales (relacionadas a los contratos y legislación laboral y a los convenios colectivos (gremios de jugadores).

Y los principios contractuales son:

1) Cumplimiento obligatorio de los contratos.

2) Cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en el caso de una causa justificada.

3) Un jugador profesional puede rescindir un contrato por causa deportiva justificada.

4) Los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la temporada.

5) Caso de rescisión de un contrato sin causa justificada se deberá pagar una indemnización que se estipulará en el contrato.

6) Caso de rescisión de un contrato sin causa deportiva justificada se impondrán sanciones deportivas a la parte infractora.

La rescisión contractual se da en casos de defectos jurídicos en el inicio de la formación del contrato, pueden ser regulados taxativamentes o no en las legislaciones nacionales, pero es importante señalar que solamente se puede rescindir un contrato por vicio del mismo que es distinto de la nulidad contractual pero es la misma familia, porque ambos atacan la formación contractual. La rescisión ataca la validez contractual y la nulidad ataca los requisitos esenciales del contrato, puede existir invalidez del contrato por más que no exista nulidad del mismo.

En este sentido, los principios recogidos por la FIFA son supuestos de resolución contractual, es decir, afectan los efectos del contrato. Nuestra legislación contractual la reconoce cuando existe el incumplimiento de las prestaciones pactadas en el mismo y brinda diversos remedios para hacer ineficaz el contrato. Estos remedios son: Excepción de Incumplimiento, Excepción de Caducidad de Plazo, Resolución por Cláusula Expresa, Resolución por Intimación y Resolución Judicial.

Para que los principios contractuales de la FIFA sean aplicables en nuestra legislación, estos deberán ser recogidos en el contrato del jugador profesional debidamente inscrito en la Federación. La única vía eficiente y económica es la Resolución por Cláusula Expresa, porque los demás remedios deben ser interpuestos ante autoridad jurisdiccional o arbitral. No es necesario reproducirlos expresamente, es válido que se indique el procedimiento de resolución contractual de la FIFA.